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La revancha

9 Nov

Cuando me enteré que el Ayuntamiento de Monterrey acusó de falsificación de firma al ciudadano que promovió un amparo contra la separación de Fernando Larrazabal de su cargo de Alcalde me tuve que tallar los ojos.

No me sorprendió la bajeza moral que esta imputación denota, sino la apuesta por el disparate: ¿qué motivos tendría el ciudadano Eduardo Montemayor para falsificar una firma en un documento que él mismo entregó al Juez, cuya firma ratificó dos días después?

La conclusión del caso Paulette -“el cadáver de la niña siempre estuvo ahí, entre el colchón y los barandales de su cama”-, así como la defensa de Jonás Larrazabal de cobrar “quesos” en casinos que días antes fueron atacados por comandos armados, son sólo dos ejemplos de cómo el absurdo suele ser la última escapatoria a la avalancha de un escándalo. Pero ¿quién les va creer reverendas sandeces?, reaccionamos con indignación mientras leemos atónitos sus alegatos.

¿Importa que les creamos?, es la pregunta que rebota después, cuando vemos que los personajes más siniestros terminan saliéndose con la suya.

Lo mismo sucede con políticos cuya trayectoria está plagada de saqueos, corruptelas y escándalos. El apoyo popular lo consiguen a base de relaciones clientelares, derroche de recursos públicos y tráfico de influencias. Ellos los fuertes, nosotros los débiles, suele ser la conveniente conclusión a la que arribamos en innumerables episodios de nuestra historia “democrática”.

Pero ¿qué tan fuerte es un político que no puede sostenerse sin propaganda?

Regresemos a los trágicos, largos días, que siguieron al ataque del Casino Royale, cuando descubrimos al hermano de nuestro entonces Alcalde cobrando fuertes cantidades de dinero a negocios recién atacados por la delincuencia.

Esto hacía pedazos la carrera política de Fernando Larrazabal, ¿quién podría salir en su defensa? Salieron los mismos panistas que hoy están acomodados en sus nuevos puestos municipales, y “el comando mediático”, es decir, los mercenarios de la comunicación.

El Alcalde elevó en 81 por ciento su gasto en imagen, en comparación al mismo trimestre del año anterior. Lo hizo, claro está, con recursos públicos. De la misma forma que, con nuestros impuestos, el Ayuntamiento de Monterrey pretende sentenciar a Eduardo Montemayor para así librar a los integrantes del anterior Cabildo de la acción penal en su contra solicitada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por desacatar hasta la mofa la orden de regresar a Larrazabal a su puesto de Alcalde.

Comunicación e información tienden a confundirse. La comunicación casi siempre juega a favor de los políticos, la información en su contra. A menudo creemos que los noticieros televisivos son espacios informativos sin advertir que más bien hacen el trabajo de las secretarías de comunicación social de los gobiernos.

Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que vende la televisión comercial. “Informarse cansa, pero es el precio de adquirir el derecho a participar inteligentemente en la vida democrática”, escribe Ignacio Ramonet.

El Ayuntamiento de Monterrey, en complicidad con Margarita Arellanes, quien parece cuidarse de no contradecir las órdenes de Larrazabal, pretende no sólo fincar responsabilidades penales sobre este ciudadano, sino desacreditar a los Magistrados que en su momento otorgaron la razón a quien supo probar que sus derechos democráticos -como la representación- quedaron afectados cuando el Alcalde abandonó su puesto de elección popular.

Larrazabal ya es Diputado federal, aunque un tribunal colegiado le haya ordenado cuando fue candidato volver a su Alcaldía. En ese sentido, ya se salió con la suya. El interés de inculpar a Eduardo Montemayor y a su abogado, Olmo Guerrero, de falsificación de firma, no sólo es una revancha, sino la “coartada” perfecta para corresponder a la lealtad de los integrantes del Cabildo “larrazabalista”. Pregunto, ¿vamos a volver a financiar su ilegítima defensa?

Estamos ante una escena del teatro del absurdo de la que sólo podemos salir en tanto usted y yo lo decidamos. Negarnos al engaño tiene consecuencias políticas.

ximenaperedo@gmail.com

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