Orden, tiburones

15 Mar


La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones es histórica porque sienta reglas para el reparto de la riqueza que concentra esta industria. No es más que eso. Estábamos tan atrasados, la impunidad era tan evidente, que la mera posibilidad de un arbitraje (real) nos ha puesto contentos. Y qué bueno. Esto nos traerá beneficios como consumidores, pero no necesariamente como ciudadanos.

Que los tiburones de la comunicación aprendan a comportarse entre ellos, en pleno neoliberalismo salvaje, es una buena noticia. Esto significa que disfrutaremos los beneficios de la competencia leal, es decir, que los servicios mejorarán y los precios tenderán a bajar en telefonía, banda ancha y televisión por cable. Magnífico. Nos ahorraremos tiempo y algunos pesos, pero la democratización que tantos exigimos en la primavera del 2012 sigue quedando pendiente.

Hay que reconocer, sin embargo, que en este sentido la iniciativa tiende una mano negociadora a los movimientos sociales, organizaciones y actores independientes que durante lustros han exigido un cambio de paradigma en las telecomunicaciones.

Según esta reforma, las telecomunicaciones ya no serían “servicios de interés público”, sino “servicios públicos”, lo que representaría un cambio mucho más de fondo que una simple intención de economizar el lenguaje. Aunque eso depende de nosotros.

Al llamarles “servicios públicos”, los contenidos de radio y televisión importan, aunque este tema esté pasando desapercibido para el legislador. El espectro electromagnético es un bien nacional y, por lo tanto, obvio sería que su uso, explotación y comercialización no nos agrediera, ni achatara nuestra visión, sino todo lo contrario.

Bajo esta lógica, la elección de contenidos debería estar, si no supeditada a consulta popular, al menos sí evaluada periódicamente por “el ombudsman” de los medios.

La reforma contempla la creación de un nuevo instituto, una comisión y tribunales especializados que mantenga en orden a los tiburones, pero la creación de un órgano que defienda los “derechos de las audiencias” sigue pareciendo al Ejecutivo -y al parecer también al Legislativo- un accesorio prescindible y no la pieza toral de una verdadera y urgente reforma a las telecomunicaciones.

La figura del ombudsman de los medios es una exigencia que gana notoriedad en las democracias amenazadas por el poder fáctico que usa la pantalla y los micrófonos para chantajear o presionar políticamente.

Este órgano vigilaría el balance en la información, el derecho de réplica y el respeto a los derechos humanos porque, por ejemplo, el lenguaje homofóbico o la apología de la violencia contra las mujeres es una agresión a la sociedad que muchos medios realizan impunemente.

Para advertir la importancia de la salvaguarda del derecho de las audiencias, tendríamos que comprender el interés colectivo por encima de cualquier interés privado. Y eso nos cuesta trabajo.

Estamos programados a defender incluso los intereses de un puñado de personas sobre los de nuestros hijos; defender conceptos cuyos efectos sobre nuestra calidad de vida no comprendemos del todo como “libre mercado”, “mano invisible”, “desregulación”.

Las mismas dudas que podrían frenar la creación de este tribunal de las audiencias, que recibiría nuestras quejas como consumidores cívicos, son las mismas que podrían debilitar la creación de los órganos pro competencia contemplados en la reforma. Por ello no hay pretexto para dejar fuera al órgano ciudadano que reciba las quejas de las audiencias, pero que, además, vigile que actores como los pueblos indígenas tengan garantizados espacios de comunicación en sus distintas lenguas.

La pregunta que muchos se hacen es si de verdad el PRI-Gobierno está afectando a su consorte histórica, Televisa, y al hombre más rico del mundo.

La apertura era inminente. Los privilegios de Televisa y de América Móvil (Telmex y Telcel) ya no sólo eran ridículos; su desprestigio era insostenible. Sus civilizadas reacciones a la iniciativa son respuestas acordadas, de ninguna forma Azcárraga o Slim fueron sorprendidos.

La reforma en las telecomunicaciones no nos resguarda del verdadero peligro.

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