Ahora resulta…

1 Feb

Cada vez es más difícil distinguir la verdad de la mentira. Cada quien tiene una perspectiva distinta del perfil de la montaña y no hay mirada capaz de abarcar su totalidad. Si bien al ser humano le ha gustado creerse sus sueños, éstos rara vez pueden compartirse como verdaderos. Contra la desolación que esto genera, la literatura nos ofrece la verosimilitud.

Hay relatos fuera de lógica, que si bien es difícil demostrar que son mentiras, al menos pueden señalarse de inverosímiles. Esto es lo que se puede decir del dictamen que aprobaría el Consejo General del IFE en el que se estipula que el único candidato presidencial que rebasó los topes de campaña fue López Obrador. Podríamos ir más lejos, ¿no es ridículo que quien pague las multas seamos usted y yo?

Desde hace tiempo que percibo la realidad política mexicana tan desprovista de sentido como cualquier guión de telenovela de Televisa, pero desde que Peña Nieto arribó a escenarios a nadie parece importarle conservar ciertas líneas de verosimilitud en el relato. Es tan burda la trama que vale la pena resistirse a creerla por mera sanidad mental.

La legalidad es el cadáver de la autoridad, escribió el filósofo francés Alexandre Kojève. Las leyes reemplazaron a la belleza del orden dictado por una voz legítima y plenamente respetada. Fijar reglas, sin embargo, también puede denotar madurez en las prácticas de convivencia. Pero lo que tenemos hoy en México es un sistema legal pervertido por sus propios autores y elaborado con dedicatoria para sus principales evasores.

El ciudadano que pretende defenderse del poder pronto comprende que sus esfuerzos los tendrá que dirigir a pesar de las reglas, y no protegido por ellas. Este nivel de sofisticación legal desincentiva a cualquier ciudadano que muestra interés en involucrarse en los asuntos de la polis. Así, por ejemplo, es difícil pasar de una sospecha a la posibilidad de comprobar el delito, mucho menos factible resulta que la falta termine en sanción.

Hace unas semanas mis papás fueron asaltados en el parque de su colonia. A los ladrones todavía se les podía apuntar con el dedo cuando mis padres acudieron con el policía del barrio: ¡son ellos! Pero en lugar de perseguirlos, el agente sacó una hoja y comenzó a tomarles su declaración.

La escena se repite en todos los niveles de gobierno. La esquizofrenia del sistema nos empuja a que creamos que nuestros ojos nos engañan. Pretenden que la verdad legal se imponga sobre el sentido común, lo cual es un rasgo que identifica a regímenes totalitarios.

La ley electoral prevé sanciones a los partidos políticos que rebasen un límite de gastos de campaña de 336 millones de pesos, tope ofensivo para cualquier país, pero especialmente para el nuestro cuya desigualdad social es vergonzante. Aceptar entrar en este irracional reparto de dinero público es una señal irrefutable de corrupción. Sobrepasar este límite es la corrupción al cuadrado, pues sabemos que el dinero de la multa sale del mismo bolsillo, es decir, del nuestro.

Ahora bien, no deja de sorprender que la Unidad de Fiscalización del IFE haya elaborado un dictamen en el cual se señala al candidato con prácticas más austeras como el único que rebasó el tope de campaña. Mientras veíamos a López Obrador viajando en avión comercial y presentándose en plazas públicas; el dispendio priista acontecía al amparo de la impunidad: reparto de dinero, acarreo, sobreexposición mediática, rentas de aviones y helicópteros.

Por ello, de aprobarse el dictamen, el IFE estaría apostando muy arriesgadamente a que lo confundamos con la nueva oficina de Comunicación Social del Presidente Peña Nieto.

Los ciudadanos comunes no tenemos elementos para comprobar que el dictamen miente, pero, por mera lógica, si López Obrador rebasó el límite de campaña, Peña Nieto y Vázquez Mota fueron mucho más lejos.

Por supuesto, multar al actual Presidente pondría en tela de juicio la legitimidad de su triunfo, y eso nunca se verá en televisión.

ximenaperedo@gmail.com
 

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