Dolor sin nombre

11 Mar

 

 

Confieso que fue más fácil levantar los brazos y gritar ¡censura, censura! cuando la jueza decidió retirar de manera provisional de la cartelera el documental “Presunto Culpable” que asumir, con madurez cívica, la importancia de que los actos reclamados se suspendan provisionalmente en tanto la autoridad judicial decide en definitiva su fallo. Respetar las garantías individuales no siempre nos parece justo. Muy pocos mexicanos están dispuestos a dejar ir la suculenta experiencia de un linchamiento público a cambio de la insípida justicia.

Fue muy fácil ponernos en los zapatos de “Toño”, el protagonista de la cinta, sentenciado a 20 años de prisión luego de un proceso plagado de irregularidades no sólo crueles, sino ridículas. El documental logra que el espectador se sensibilice con el caso de esta persona que, gracias al poder de una cámara y al acompañamiento profesional y gratuito de un equipo de abogados, recupera su libertad. Sin embargo, falla en proyectar en salas comerciales el rostro de personas que no dieron su autorización para aparecer. Y peor aún, dirige su narrativa a que reemplacemos a un presunto culpable con otro.

Aunque la película ha sido catalogada como documental, presenta escenas recreadas y dramatizadas que evidencian precisamente su doble naturaleza. Por un lado presenta una historia real, que a veces raya en el “reality show”, pero lo hace utilizando una narrativa dirigida, una edición de autor, pues. Esto no es obvio para todos, sobre todo para quienes escupen o insultan a Víctor Reyes en la calle o para quienes confunden el rostro de Víctor con la encarnación de la infamia.

El documental nos ha puesto a reflexionar, qué bueno. Desgraciadamente, hemos perdido mucho tiempo discutiendo sobre la presunta censura. Lo digo con cierto pesar porque nos pudimos haber distraído mucho menos del tema si, por ejemplo, los directores de la película o la jueza hubieran decidido u ordenado difuminar o “pixelear” el rostro del testigo a quien, por cierto, nunca se le acredita falsedad en su dicho. Podemos suponerlo, pero al hacerlo cometeríamos exactamente la misma injusticia denunciada en el documental.

Si el magistrado liberó a “Toño” fue por haber encontrado dudas razonables en su favor. Este principio es conocido como in dubio pro reo, que significa que ante la insuficiencia probatoria es mejor un culpable libre que un inocente en prisión.

Defender los derechos de Víctor Reyes, cuyo testimonio mantuvo a “Toño” en la cárcel más de dos años, es un acto de justicia igual de valeroso que liberar a “Toño” de la prisión. La impunidad tiene mil rostros, uno de ellos es la “vendetta” o la revancha, misma que mantiene a cientos de miles de personas en México presas en el infierno. Bajo la premisa de “algo habrán hecho para estar ahí”, inocentes y culpables experimentan en su real crudeza el abandono de un país de indolentes.

La denuncia de “Presunto Culpable” considera también las condiciones infrahumanas en las que soportan su sentencia los hombres y mujeres presos. Es absurdo hasta el horror mantener, ya no digamos a los inocentes, sino a los culpables de algún delito dentro de un sistema penitenciario podrido que anula por sistema su dignidad.

¿Reinserción social o castigo? ¡Venganza!, responde la crueldad mexicana en su máxima expresión.

En México no hay justicia, mucho menos pronta ni expedita. Los vicios están enquistados en el sistema, por eso me parece ingenuo fincar demasiadas esperanzas en los juicios orales, por ejemplo, cuya máxima debilidad es que la retórica pese más que las pruebas. Habría que desmantelar el sistema en su conjunto, de lo contrario se trataría sólo de un reemplazo de piezas.

Para no dar una falsa impresión, debo decir que el documental es altamente recomendable. Si no lo ha visto, no deje de hacerlo. El trabajo de Roberto Hernández y Layda Negrete nos regresa en algo un poco de esperanza: la defensa de la justicia transforma realidades concretas y nos alivia a todos de un dolor no nombrado.

ximenaperedo@gmail.com

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Una respuesta to “Dolor sin nombre”

  1. carlos marzo 13, 2011 a 3:08 am #

    Creo que la jueza cometió un error fundamental: Las audiencias son públicas.
    un derecho de cualquier ciudadano es ir y ver cómo se llevan las audiencias. Creo que los cineastas ejercieron su derecho al ampliar el público de la audiencia.

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